Tras el Pleno Municipal Ordinario, celebrado el pasado viernes por el Ayuntamiento de Marbella, desde la Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara · ISP, queríamos hacer público nuestro agradecimiento a los grupos Opción Sampedreña, Costa del Sol Sí Puede, Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español. Agradecer que hayan tomado como propia la solicitud que realizamos el pasado 28 de octubre, para que se revisen y completen correctamente los informes redactados por el Secretario Municipal, el Archivero, Interventor y el Arquitecto Jefe de Planeamiento y Gestión.

Independentistas de San Pedro · ISP, ha finalizado una ronda de contactos con Opción Sampedreña, Costa del Sol Sí Se Puede, Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, iniciada para el estudio y modificación de determinados informes que aprobó en solitario el Partido Popular durante su anterior mandato. A excepción de este último, con el que ni siquiera hemos deseado tratar este asunto, todos han mostrado su intención de valorar y revisar estos documentos, al igual que se ha hecho con muchos acuerdos adoptados contra la legalidad y la ciudadanía de San Pedro Alcántara y Marbella, desde esta nueva corporación municipal o, como todos sabemos, desde la Gestora que durante cierto tiempo se hizo cargo del municipio.

Aunque los argumentos de la Junta de Andalucía, el anterior Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su última Sentencia no se sostienen, han basado en parte su argumentación en una gran mentira, diciendo que San Pedro Alcántara no sería viable económicamente, al tener en cuenta los informes presentados por el Partido Popular en el Pleno Extraordinario celebrado el 27 de noviembre de 2009, contrarios todos a la segregación de nuestro pueblo.

Como ya adelantamos en noviembre de 2009, la redacción torticera de estos informes podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación, recogido entre otros, en el artículo 404 del Código Penal, por el que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años.” De igual forma, deberán ser tratados aquellos quienes, a sabiendas, informan o resuelven sobre expedientes faltando a la verdad o encubriendo parcialmente la misma.