Cuando las sampedreñas y sampedreños creíamos estar por fin a salvo de la megalomanía y las políticas destructivas del pasado gilismo, nos damos cuenta de haber otorgado nuestra confianza en dignos herederos de aquella nefasta época, en la que 19 caciques atrincherados entre las pareces del Ayuntamiento de Marbella y la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara [hoy relegada a una simple oficina de Distrito], se permitían el lujo de decidir por el pueblo imponiendo su voluntad, arrasando con todo como si de unos nuevos Atilas se trataran, señalando y haciendo la vida imposible a los ciudadanos en general y a los disidentes en particular. No solo destrozaron costumbres, historia y pretensiones de futuro, sino que, por lo que vemos, dejaron huella y aprendices en partidos de nueva hornada y en otros que nada aprendieron de tan funesto pasado.

El pasado viernes, mediante escrito dirigido a José Luis Pérez Granados, actual Secretario General de la Asociación Pro Independencia de San Pedro Alcántara - ISP, Manuel Fernández Valdivia presentó su dimisión como Presidente de la organización que ha dirigido durante los últimos nueve años.

Según sus palabras, esta decisión no tiene nada que ver con motivos personales o la ruptura con el proyecto político y social de ISP, sino con la decisión tomada por la Junta Ejecutiva en el año 2015, con el propósito de preparar ya al partido para la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones municipales, que tendrán lugar en el año 2019, siempre y cuando esta opción sea refrendada por nuestra Asamblea General. Entiende el hasta ahora Presidente que esta decisión puede ser buena para la apertura del partido, pudiendo dar un impulso a la reorganización y entrada de personas que, hasta ahora, no habían dado el paso para pertenecer a la Junta Ejecutiva o formar parte de la masa afiliada a la entidad.

Aunque los argumentos de la Junta de Andalucía, el anterior Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su última Sentencia no se sostienen, han basado en parte su argumentación en una gran mentira, diciendo que San Pedro Alcántara no sería viable económicamente, al tener en cuenta los informes presentados por el Partido Popular en el Pleno Extraordinario celebrado el 27 de noviembre de 2009, contrarios todos a la segregación de nuestro pueblo.

Como ya adelantamos en noviembre de 2009, la redacción torticera de estos informes podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación, recogido entre otros, en el artículo 404 del Código Penal, por el que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años.” De igual forma, deberán ser tratados aquellos quienes, a sabiendas, informan o resuelven sobre expedientes faltando a la verdad o encubriendo parcialmente la misma.